Caso $LIBRA: la Justicia avanza sobre las comunicaciones de Milei en una causa que escala a nivel internacional
La decisión de investigar las comunicaciones del presidente Milei marca un punto de inflexión institucional: no se trata únicamente de una causa de estafa, sino de una prueba de fuego para la independencia del Poder Judicial y la transparencia del sistema político argentino. La incógnita es si la investigación llegará hasta el fondo o si será, una vez más, contenida por los límites del poder real.
La investigación por la presunta estafa multimillonaria relacionada con la criptomoneda $LIBRA sumó esta semana un nuevo y resonante capítulo: el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a las principales compañías de telefonía del país que informen sobre las líneas telefónicas del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados, en el marco del entrecruzamiento de comunicaciones que busca reconstruir el entramado detrás del fallido proyecto cripto.
El pedido judicial, que alcanza también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, apunta a conocer las comunicaciones mantenidas entre enero de 2024 y la actualidad, período clave para la gestación y promoción pública de la moneda digital.
Esta medida forma parte de un conjunto de pruebas que incluye la investigación patrimonial de los involucrados y que intenta esclarecer el posible vínculo entre figuras del poder político y los impulsores del esquema que dejó damnificados en Argentina y el exterior.
La cripto congelada y el escándalo global
Mientras en Argentina la causa avanza en el fuero federal, en Estados Unidos el escándalo tomó otra dimensión: una Corte del Distrito Sur de Nueva York ordenó congelar 110 millones de dólares en criptoactivos vinculados a la estafa, incluyendo 57 millones en USDC que ya habían sido bloqueados con anterioridad. Según trascendió, el dinero estaría bajo el control de Hayden Davis, señalado como el creador y operador central de $LIBRA.
El estudio jurídico estadounidense Burwick Law fue el encargado de difundir públicamente los documentos judiciales que confirman la decisión de la justicia norteamericana. Esta medida otorga una dimensión internacional a la investigación y complica la situación de los involucrados, al sumar cooperación judicial entre ambos países.
Milei y el vínculo con Davis: en el foco
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la foto que une a Javier Milei con Hayden Davis, tomada el 30 de enero en la Casa Rosada. Davis ya había viajado a Argentina en al menos tres ocasiones previas, y su encuentro con el presidente reavivó las sospechas sobre posibles apoyos o validaciones institucionales hacia el proyecto $LIBRA, que luego colapsó dejando cientos de denuncias por estafa.
La solicitud del fiscal Taiano responde a un requerimiento directo de uno de los damnificados, Martín Romeo, quien impulsa la incorporación de pruebas que demuestren eventuales contactos previos al lanzamiento oficial de la cripto. El objetivo: establecer si existieron coordinaciones, avales o participación directa o indirecta de funcionarios en el entramado de la estafa.
Casación respalda a los damnificados
En otro movimiento relevante, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que las víctimas del caso $LIBRA pueden actuar como querellantes en el expediente, rechazando un recurso extraordinario presentado por Novelli y Terrones Godoy. Con la firma de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, el fallo otorga mayor protagonismo a los damnificados y legitima su rol activo en el proceso judicial.
Un caso que compromete al poder y expone las grietas del ecosistema cripto
La causa conocida como “Libra Gate” no solo compromete a figuras del entorno presidencial, sino que también pone en evidencia la vulnerabilidad del marco regulatorio argentino frente a operaciones financieras opacas y de alto riesgo, especialmente en el universo de las criptomonedas. El uso político de figuras públicas, la falta de controles y la expansión acelerada de proyectos sin respaldo real conforman un cóctel explosivo que, en este caso, podría derivar en responsabilidades penales de alto nivel.
