Bullrich exige explicaciones a Espert por sus vínculos con un narco
Lo que debería ser una cuestión de Estado —la sospecha de vínculos entre la política y el narcotráfico— se transforma en una interna de conveniencia. Mientras tanto, la credibilidad de la lucha contra el narcotráfico queda seriamente erosionada: Milei lo relativiza, Bullrich exige aclaraciones a medias y Espert guarda silencio.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sorprendió al marcar distancia de uno de los aliados centrales de Javier Milei, el diputado José Luis Espert, al exigirle que “dé una explicación ya” frente a las denuncias que lo vinculan con el empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.
La declaración no solo expone la fragilidad de la coalición gobernante, sino que también pone en evidencia un doble discurso dentro del oficialismo sobre la tolerancia a posibles vínculos con el crimen organizado.
Bullrich reconoció que la transferencia de 200 mil dólares que involucra a Espert y Machado data de 2019, pero subrayó la urgencia de esclarecer el caso: “No podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco”. La ministra, que construyó su perfil político sobre un discurso de “mano dura” contra el narcotráfico, se desmarca así de la postura presidencial. Javier Milei, lejos de reclamar aclaraciones, redujo las acusaciones a simples “chimentos de peluquería” y las enmarcó en lo que considera una operación política recurrente.
La contradicción entre ambos dirigentes desnuda una tensión clave: mientras Milei busca blindar a Espert, figura que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bullrich percibe que el costo político de ignorar las denuncias podría ser mayor al de enfrentar una eventual crisis interna. La ministra, en definitiva, defiende su propio capital político y se posiciona como garante de un estándar mínimo de transparencia, al menos en el plano discursivo.
El episodio también refleja una inconsistencia profunda en La Libertad Avanza. El mismo espacio que se presentó como una alternativa a “la casta” ahora aparece defendiendo a un legislador sospechado de recibir dinero de un empresario ligado al narcotráfico. La reacción presidencial no solo desvaloriza la gravedad de la denuncia, sino que abre interrogantes sobre hasta qué punto el oficialismo está dispuesto a tolerar opacidades con tal de preservar equilibrios internos.
Bullrich, al pedir explicaciones, intenta preservar su imagen de intransigencia contra el crimen, pero su omisión a la hora de reclamar la renuncia de Espert revela un límite político: la necesidad de no dinamitar una alianza estratégica en la provincia de Buenos Aires. Así, el oficialismo queda atrapado entre la retórica de la pureza ideológica y la realidad de los pactos de poder.
