Bullrich denunció a Aguiar y crece la tensión: el líder de ATE acusó al Gobierno de usar la Justicia para silenciar la protesta
La acusación por supuestas amenazas al orden constitucional encontró una respuesta inmediata del dirigente estatal, quien sostuvo que el Gobierno “ve fantasmas” y que la reacción oficial busca disciplinar a quienes cuestionan públicamente sus políticas.
La denuncia penal presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, reavivó el clima de confrontación política a horas del primer paro nacional contra la reforma laboral.
Aguiar afirmó que es la propia administración nacional la que “atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho” y citó como ejemplo el protocolo antipiquetes y los operativos de seguridad de los últimos meses.
Según el líder gremial, el uso intensivo de fuerzas policiales, armas no letales y gases lacrimógenos muestra un enfoque crecientemente represivo que, ahora, se complementaría con la intervención judicial para perseguir a voces disidentes.
El sindicalista planteó además una presunta doble vara en el análisis oficial del discurso político y comparó la imputación en su contra con declaraciones del presidente que, a su criterio, tienen un tono mucho más disruptivo sobre el rol del Estado.
La denuncia de Bullrich llega en un contexto de creciente tensión social y económica, con un sindicalismo que se reorganiza para enfrentar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La decisión de judicializar las palabras de un dirigente gremial a dos días de una medida de fuerza nacional alimenta la percepción de que la disputa se traslada a todos los frentes: el político, el mediático, el policial y ahora el judicial.
Para Aguiar, el objetivo sería acallar las críticas y reducir el margen de acción de las organizaciones sociales antes de una jornada de protesta clave.
La confrontación vuelve a exponer el dilema central del momento político: el equilibrio entre seguridad y protesta en un escenario donde el Gobierno reivindica su línea dura y los gremios advierten que se está erosionando el derecho a la libre expresión y a la movilización.
La respuesta judicial, lejos de atenuar el conflicto, parece haber profundizado las posiciones y consolidado un clima de desconfianza mutua. En este marco, el paro nacional aparece no solo como una medida sindical sino como un nuevo capítulo de una disputa que se vuelve cada vez más estructural.
