Bloomberg alerta sobre la censura previa en Argentina tras el fallo que protege a Karina Milei
Bloomberg, uno de los portales económicos más influyentes del mundo, se hizo eco del fallo judicial que prohíbe a los medios argentinos difundir las grabaciones obtenidas, según la versión oficial, de manera ilegal en la Casa Rosada.
El escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las filtraciones de audios atribuidos a Karina Milei llegaron a la agenda internacional.
La resolución fue dictada por el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó el “cese inmediato” de la publicación de los audios a través de cualquier soporte, desde medios tradicionales hasta redes sociales y plataformas digitales. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, fue presentada por el Gobierno como una defensa de la privacidad institucional.
Sin embargo, el fallo encendió un debate político y jurídico: ¿se trata de la protección de la intimidad de la secretaria general de la Presidencia o de un caso de censura previa, prohibida por la Constitución? Maraniello sostuvo que “el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión” de los audios, pese a admitir que no conoce su contenido. Ese argumento refuerza las críticas de quienes consideran que se trata de un intento de blindaje político más que de un resguardo jurídico.
La repercusión internacional agrava la situación para la Casa Rosada. Que un medio global como Bloomberg instale el tema implica que la controversia trasciende el frente doméstico y se proyecta hacia los inversores y mercados, que leen la medida como un signo de tensión entre el oficialismo y la prensa. En un país con una historia atravesada por dictaduras y controles a la libertad de expresión, el antecedente resulta especialmente sensible.
La administración de Javier Milei sostiene que la difusión de audios obtenidos de forma ilegal no puede considerarse parte del derecho a informar, pero organizaciones periodísticas y juristas advierten que la prohibición previa abre un camino riesgoso para la democracia. La contradicción de un juez que desconoce el contenido de lo que prohíbe difundir es, a su vez, el núcleo de las críticas: sin saber si hay delito o simple conversación política, la Justicia adelantó una censura que puede tener impacto en la relación entre el Gobierno y los medios.
La controversia, lejos de apagarse, se potencia. El caso combina tres elementos explosivos: sospechas de corrupción, la intervención directa de la hermana del Presidente y la instalación del tema en la prensa internacional. Para un gobierno que se presenta como adalid de la transparencia y el orden institucional, el fallo puede convertirse en un boomerang político difícil de controlar.
