Blanqueo laboral a costo cero: el Gobierno insiste en una estrategia que ya fracasó

Al repetir una estrategia fallida, el Ejecutivo no solo arriesga malgastar capital político en sesiones extraordinarias, sino que también desvía la atención de reformas más urgentes y complejas que aborden la informalidad desde su raíz económica y social, en lugar de limitarse a ofrecer una amnistía fiscal a los empresarios.

El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, se apresta a relanzar una propuesta central en su paquete de reforma laboral: un blanqueo de trabajadores a «costo cero» .

Esta iniciativa, que busca liberar a los obstáculos de pagar contribuciones, aportes jubilatorios, multas e intereses por el trabajo no registrado pasado, se presenta como la solución mágica para formalizar el empleo.

Sin embargo, este impulso no solo peca de repetitivo, sino que ignora la evidencia de su propia ineficacia, sentando las bases para una crítica profunda sobre la estrategia gubernamental frente a la informalidad.

El principal punto de análisis y crítica radica en la negación del fracaso reciente . El mismo Ejecutivo ya implementó una norma «muy similar» en la fallida Ley Bases, el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, cuyo impacto fue calificado como «inexistente» .

Más de 5,4 millones de asalariados que se estima están en la informalidad

Las cifras son contundentes: durante los tres meses de vigencia, solo se regularizó la situación de 16.703 trabajadores , lo que representa apenas el 0,3% de los más de 5,4 millones de asalariados que se estima están en la informalidad. Insistir en la misma «receta» sugiere una incapacidad para diagnosticar las causas reales de la informalidad o, peor aún, una obstinación ideológica que prioriza la condonación de deudas empresariales por encima de la búsqueda de soluciones estructurales.

La premisa de que el blanqueo debe ser «gratis» —implícitamente un subsidio a los trabajadores incumplidores— refleja una visión unidimensional del problema, donde el único impedimento es el costo pasado y no la falta de incentivos o la inestabilidad económica actual.

Si bien el asesoramiento de laboralistas como Julián de Diego apunta a que «las pequeñas y medianas empresas no se van a sumar» si hay costo, el fracaso anterior demuestra que la gratuidad del pasado no fue un motor suficiente. La informalidad en Argentina es multicausal: está ligada a la baja productividad, la presión fiscal general, la inestabilidad macroeconómica y la fragilidad del mercado, factores que un simple borrón y cuenta nueva para el empleadores no resuelve.

Además, la propuesta de buscar un costo laboral inferior al actual y de manera «permanente» como incentivo para la contratación futura, no solo genera dudas sobre la sostenibilidad del sistema de seguridad social, sino que también traslada la carga del supuesto «ahorro» a los trabajadores o al Estado. En este contexto, el blanqueo se asemeja más a un «premio a la evasión» que a una política de desarrollo del empleo.

En conclusión, la promoción de un nuevo blanqueo laboral, a pesar de la experiencia de su nulo impacto anterior, pone de manifiesto la falta de creatividad y la rigidez de las políticas laborales del Gobierno.