Aumentó un 66% los ataques represivos y censura contra la prensa
Un informe conjunto elaborado por entidades gremiales de prensa (SiPreBA, FATPREN) y académicas (UBA, FIP) reveló un drástico aumento del sesenta y seis por ciento en los casos de represión, censura y ataques digitales contra periodistas y trabajadores de prensa en Argentina durante el año dos mil veinticinco.
Los hallazgos apuntan directamente a una “campaña” impulsada desde el Poder Ejecutivo de Javier Milei que busca “restringir el ejercicio del periodismo y el debate público”. Este incremento en la violencia documentada no solo pone en jaque la seguridad de los comunicadores, sino que amenaza la vigencia misma de la democracia y el pluralismo informativo en el país.
Represión en la calle y criminalización del periodismo
El dato más alarmante del informe se centra en la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de manifestaciones. El reporte documentó ochenta y tres periodistas víctimas de represión hasta fines de octubre de dos mil veinticinco, un incremento notable respecto a los cincuenta casos registrados en el año anterior. Solo durante la marcha del doce de marzo, hubo al menos veinte casos documentados de violencia policial.
La estrategia represiva, según el informe, se consolida con la criminalización del periodismo. Los analistas señalan que se utiliza la figura legal de “resistencia a la autoridad” para detener y hostigar a quienes documentan los abusos estatales. Esta tendencia, que incluye agresiones directas como impactos de balas de goma y vejámenes, muestra una matriz de políticas regresivas que busca silenciar las voces disidentes.
Censura judicial y hostigamiento digital
La persecución al periodismo crítico se extiende al ámbito judicial y digital. El informe destacó un intento de censura judicial, el primero en más de treinta años, con la prohibición de difusión de audios de Karina Milei.
En el plano digital, se marcó que desde la Presidencia y cuentas oficiales se promovieron sistemáticamente campañas de desprestigio, doxeo y amenazas hacia comunicadores.
Esta estrategia de hostigamiento se agrava en sus efectos sobre las mujeres periodistas, incrementando la violencia simbólica. Además, el documento alertó sobre el uso intensivo de inteligencia artificial para la creación de videos falsos y campañas de manipulación, lo cual afecta el debate público.
Deterioro laboral y crisis del pluralismo
Finalmente, el informe registra un significativo deterioro en las condiciones laborales del sector, con el aumento de la precarización, la pérdida de derechos y los despidos masivos.
El congelamiento de sueldos en medios públicos y la falta de actualización paritaria en medios privados agudizan la crisis, entendiendo que la defensa de la libertad de expresión no es una causa sectorial, sino una condición indispensable para la vigencia de la democracia.
