El “audiogate” cruza el Río de la Plata: un periodista uruguayo desafía la censura y promete difundir las grabaciones

El periodista uruguayo Eduardo Preve anunció que difundirá “los últimos audios” del caso a través de su programa La Tapadita en la radio M24 de Montevideo, en abierto desafío a la orden judicial argentina que prohíbe su divulgación.

El escándalo por los audios que comprometerían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una presunta red de sobornos vinculados a medicamentos adquirió una dimensión internacional.

El anuncio, realizado en redes sociales, fue acompañado de un mensaje contundente: “En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios”.

La frase sintetiza lo que está en juego: el intento del gobierno argentino por blindarse a través de la Justicia frente a un escándalo de corrupción y, al mismo tiempo, la imposibilidad de controlar la circulación de información en un contexto digital y transnacional.

La estrategia oficial —celebrar la cautelar como un freno a una supuesta “operación de inteligencia ilegal”— revela su debilidad. La medida judicial, más que clausurar el debate público, lo trasladó al terreno internacional y abrió una grieta difícil de suturar: un medio extranjero, amparado en la jurisdicción uruguaya, puede difundir aquello que en Argentina se intenta censurar.

La radio M24 transmite en FM en Montevideo y Maldonado, pero también de manera online, lo que vuelve ineficaz la cautelar y expone los límites del control judicial sobre la información en la era digital.

Este episodio muestra dos paradojas centrales. Por un lado, el gobierno que se autodefine como “libertario” y defensor irrestricto de la libertad, recurre a mecanismos propios de un Estado censor para evitar la publicación de material sensible. Por otro, la censura local termina amplificando el interés global, generando un “efecto Streisand” que asegura una mayor difusión de aquello que se intenta ocultar.

El desafío de Preve no es solo periodístico: es político y jurídico. Coloca al Gobierno de Milei frente a un dilema mayor. Si busca presionar o sancionar a medios extranjeros, corre el riesgo de tensar las relaciones diplomáticas y de evidenciar aún más su fragilidad. Si decide resignarse a la circulación de los audios en el exterior, queda expuesto el carácter fútil de la censura y la percepción de que lo que se quiere silenciar es más grave de lo que se admite.

El “audiogate” cruza así el Río de la Plata y se transforma en un caso testigo de los límites del poder estatal en tiempos de comunicación globalizada. En su intento por sofocar el escándalo, el oficialismo puede terminar alimentando un problema mayor: el cuestionamiento internacional a su respeto por la libertad de expresión y el fortalecimiento de la sospecha de corrupción en su círculo más íntimo.