Atentado contra Cristina Kirchner: Fiscal pidió nueva pericia al celular de Milman

La solicitud incluye, además, el pedido de habilitación de la feria judicial de julio para continuar con la investigación sin demoras.

A casi tres años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la causa judicial vuelve a cobrar impulso y polémica. El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti que ordene una segunda pericia sobre el teléfono celular del diputado nacional Gerardo Milman, ante la “insuficiencia” del análisis previo realizado en el expediente.

La medida se enmarca en uno de los aspectos más sensibles del caso: determinar si Milman, legislador del PRO y exfuncionario del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, tuvo conocimiento previo o participación indirecta en los hechos que culminaron en el intento de asesinato de la entonces vicepresidenta, el 1° de septiembre de 2022.

Un peritaje insuficiente y la sospecha persistente

Según la presentación del fiscal, el primer peritaje sobre el teléfono de Milman fue limitado en alcance, ya que se basó únicamente en una búsqueda por palabras clave. Entre los términos indagados se encontraban “matar”, “atentado”, “Cristina”, “corchazo”, “arma”, “Sabag Montiel”, “Brenda Uliarte”, “magnicidio”, “copitos” y una larga lista de combinaciones posibles vinculadas al ataque.

Sin embargo, Rívolo cuestionó el enfoque, al considerar que puede haber múltiples formas de referirse a un hecho o plan de esa naturaleza que no se limiten a esas expresiones.

En consecuencia, propone un análisis “manual”, es decir, una revisión minuciosa y personalizada de todos los registros extraídos del celular, incluyendo mensajes en redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, durante el período que considera clave para esclarecer si Milman estuvo o no vinculado, de algún modo, al atentado fallido.

La solicitud se apoya especialmente en el testimonio del asesor legislativo Jorge Abello, quien declaró haber escuchado a Milman pronunciar la frase “cuando la maten, yo estoy camino a la Costa” en un restaurante porteño, dos días antes del ataque en Recoleta. Esa afirmación abrió una línea de investigación que, por momentos, pareció congelada por desinterés judicial o presión política.

¿Cambio de clima en los tribunales?

El pedido de Rívolo no es menor. Supone una crítica velada pero clara a la actuación previa de la jueza Capuchetti, a quien ya se le había cuestionado por el estancamiento del expediente y por la falta de impulso en algunas medidas clave. También refleja un cambio en el tono con que ciertos sectores del Poder Judicial parecen estar abordando nuevamente una causa que pone en juego no solo la vida de una exmandataria, sino el funcionamiento institucional de la democracia argentina.

La habilitación de la feria judicial, solicitada por el fiscal, se fundamenta en la “gravedad institucional” del hecho investigado, que no es simplemente un episodio criminal, sino el atentado más grave contra una figura política desde el retorno de la democracia. La decisión ahora queda en manos de Capuchetti, quien deberá definir si permite avanzar con el nuevo análisis forense durante el receso judicial de julio.

Una causa atravesada por sospechas políticas

La figura de Milman ha estado en el centro de las controversias desde que su nombre apareció vinculado, aunque indirectamente, al ataque. A pesar de las declaraciones de testigos y de los indicios sugeridos por algunos elementos probatorios, el proceso contra el diputado no ha avanzado de manera firme. Desde sectores del oficialismo y organismos de derechos humanos se ha denunciado una “zona de protección judicial” en torno a dirigentes de la oposición que podrían estar implicados o, al menos, tener información relevante.

El hecho de que Milman haya sido funcionario del área de seguridad y legislador activo al momento del atentado le da mayor peso institucional a las sospechas. Y si bien hasta ahora no existen pruebas directas de su participación, la reticencia inicial del juzgado a profundizar en su entorno y comunicaciones alimentó las dudas sobre la voluntad real de llegar al fondo de la cuestión.

Justicia, tiempos políticos y memoria democrática

El intento de magnicidio contra Cristina Kirchner marcó un punto de quiebre en la política argentina. Más allá de las diferencias ideológicas, fue un ataque directo a una figura central de la historia reciente del país y un símbolo del sistema democrático. Que, a casi tres años del hecho, aún no se haya esclarecido la posible existencia de instigadores o cómplices, habla no solo de las limitaciones del Poder Judicial, sino también de una sociedad que corre el riesgo de naturalizar la violencia política.

El nuevo impulso del fiscal Rívolo puede ser una oportunidad para retomar el rumbo en una causa que nunca debió enfriarse. Pero también será una prueba para medir hasta dónde está dispuesto el sistema institucional a investigar sin mirar filiaciones ni proteger intereses. En definitiva, no se trata solo de esclarecer un atentado, sino de garantizar que, en la Argentina, la democracia no sea una forma vacía, sino un valor que se defiende con verdad y justicia.