ARSAT en crisis: denuncian desmantelamiento, congelamiento salarial y abandono estatal

En una época donde el mundo avanza hacia la inteligencia artificial, los datos y la conectividad universal, Argentina parece optar por la desconexión como bandera.

La situación en ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones, se ha convertido en un reflejo más del modelo de gestión impulsado por el presidente Javier Milei: ajuste estructural, abandono de políticas estratégicas y desprecio por el tejido productivo nacional.

Trabajadores y gremios del sector denuncian un “desmantelamiento planificado” de la compañía y un “congelamiento salarial” que lleva más de diez meses, mientras los salarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 70%.

Este martes, empleados y delegados realizaron una nueva protesta en la Estación Terrena Benavídez, visibilizando un conflicto que arrastra ya más de un año y medio sin respuestas concretas. Según FOETRA, el gremio que nuclea a los trabajadores de las telecomunicaciones, el Gobierno no solo desconoce los acuerdos paritarios del sector —que históricamente se respetaban en ARSAT—, sino que ni siquiera aplica los incrementos generales otorgados a la administración pública nacional desde septiembre de 2023.

En este marco, la empresa sufrió una reducción del 25% de su planta, en parte por “retiros voluntarios forzados”, según denuncian desde el sindicato. Claudio Marín, secretario general de FOETRA, advirtió que este vaciamiento no responde a una crisis económica de la compañía, sino a una decisión ideológica del gobierno: “ARSAT no depende del Tesoro, genera ingresos propios. Esto es una decisión política para debilitar una empresa estratégica”.

El ataque a ARSAT se inscribe en una lógica más amplia de desindustrialización y privatización encubierta que el actual Gobierno viene promoviendo desde su llegada al poder. La empresa, creada en 2006 como parte de una política de soberanía tecnológica, tuvo entre sus hitos el desarrollo de los satélites geoestacionarios ARSAT-1 y ARSAT-2, la expansión de la Red Federal de Fibra Óptica y el fortalecimiento de servicios de conectividad en todo el país. Hoy, lejos de esa visión estratégica, se enfrenta a una parálisis operativa y a la desinversión sistemática.

Desde el oficialismo, el silencio es absoluto. No hay diálogo con los trabajadores, ni explicaciones institucionales, ni intención de abrir negociaciones. Solo trascendidos que insinúan la intención de paralizar toda política pública asociada a la tecnología satelital y la conectividad nacional.

“El gobierno prefiere la ideología por sobre el bien común”, resume Marín. Una afirmación que condensa el sentir de buena parte de los trabajadores del sector público hoy amenazados por una política de tierra arrasada. En ARSAT, la desconexión no es solo tecnológica: es política, institucional y social.

El conflicto en ARSAT revela no solo una problemática gremial, sino una peligrosa renuncia del Estado a sostener herramientas de soberanía tecnológica. La parálisis de una empresa que puede conectar el 100% del territorio nacional, incluyendo zonas donde el mercado privado no llega, no es un dato menor: es la muestra de un proyecto político que desprecia lo público, incluso cuando es eficiente, rentable y estratégico.

La narrativa del “achique del Estado” promovida por el presidente Milei colisiona con la realidad de empresas como ARSAT, donde el recorte no se traduce en ahorro, sino en retroceso nacional. Congelar salarios, deteriorar la infraestructura y empujar al éxodo de técnicos calificados no es gobernar: es desarticular. Y lo que está en juego no es solo el futuro de una empresa, sino el acceso igualitario a la conectividad, la ciencia nacional y la presencia soberana en el espacio.