Apareció el borrador de la reforma laboral de Milei: cambios estructurales y retroceso en la protección de derechos

En un clima político tenso y con un Congreso fragmentado, el debate promete ser tanto técnico como ideológico, y su resultado marcará el rumbo de las relaciones laborales en los próximos años.

El borrador de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei buscará tratar en sesiones extraordinarias abre un frente político y social de alto voltaje.

Aunque la Casa Rosada mantiene un fuerte hermetismo sobre el texto final, la filtración de sus puntos centrales confirma que se trata de la modificación más amplia de la Ley de Contrato de Trabajo en cinco décadas y que su orientación implica un cambio profundo en el equilibrio entre capital y trabajo.

La iniciativa —que incluiría 182 artículos— apunta, según el discurso oficial, a reducir la litigiosidad, modernizar las relaciones laborales y promover el empleo formal. No obstante, el alcance de los cambios proyectados plantea interrogantes sobre la pérdida de protecciones históricas y el impacto real en la calidad del empleo.

Uno de los ejes más controvertidos es la creación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que ofrece una amnistía casi total para empleadores que blanqueen personal, con condonación de multas, intereses y deudas previsionales. La eliminación del REPSAL y la supresión de las multas por trabajo no registrado reducen los incentivos sancionatorios y pueden interpretarse como un gesto de indulgencia hacia las prácticas de informalidad que el propio Estado afirma combatir.

El borrador también propone un giro sustancial en el sistema indemnizatorio. La redefinición de la base de cálculo, la fijación de topes equivalentes a tres salarios promedio y la posibilidad de reemplazar la indemnización por un fondo de cese administrado por los empleadores configuran un escenario que abarata el costo del despido y, potencialmente, debilita el poder de negociación del trabajador. Aunque el Gobierno defiende que el esquema reducirá conflictos judiciales, la reducción de garantías podría generar mayor precariedad en un mercado ya fragmentado.

En paralelo, la reforma introduce un régimen especial para repartidores de plataformas, a los que define como “trabajadores independientes”. Esta categoría, si bien reconoce ciertos derechos mínimos, puede consolidar un modelo laboral de baja protección y sin vínculo de dependencia, en línea con las políticas de flexibilización que promueve el sector tecnológico. La tendencia a excluir amplios universos de trabajadores del paraguas de la Ley de Contrato de Trabajo —incluidos empleados públicos y contratados bajo diversas modalidades civiles— profundiza este corrimiento del marco tradicional de protección.

El proyecto incorpora además cambios procesales que endurecen las cargas sobre los trabajadores. La modificación del principio de la norma más favorable y la penalización de la «pluspetición inexcusable» podrían desalentar reclamos legítimos y reforzar la lógica de desincentivar la vía judicial, en un país donde la resolución administrativa de conflictos laborales es escasa.

En materia económica, el borrador suma incentivos tributarios para MiPyMES, actualizaciones impositivas y una baja selectiva de impuestos internos, medidas que buscan dar aire al sector privado pero cuyo efecto fiscal aún es incierto. La actualización de quebrantos por IPC y nuevas exenciones en Ganancias configuran un alivio significativo para contribuyentes de ingresos medios y altos, pero podrían tensar la recaudación en un contexto de ajuste generalizado.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno se presenta como un intento de modernización, pero su orientación general apunta a una flexibilización profunda del régimen vigente. El desafío para la Casa Rosada será demostrar que estas transformaciones —diseñadas sin participación formal de los actores laborales— pueden traducirse en más empleo y no en una aceleración de la precarización.