Altos funcionarios iraníes estiman más de 2,000 muertes en las protestas antigubernamentales

De ser cierta esta cifra, superaría ampliamente las estimaciones iniciales de ONG occidentales, que calculaban unos 650 fallecidos. La oposición, por su parte, eleva el conteo de víctimas en las ciudades persas hasta 12,000, sin incluir a los miles de detenidos.

Un alto funcionario anónimo del régimen iraní ha confirmado a Reuters que al menos 2,000 personas han muerto en la represión de las recientes protestas antigubernamentales en Irán.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, convocó este martes al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, para expresar la «enérgica condena» del gobierno español por la represión de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre en Teherán. Debido a las restricciones en las telecomunicaciones en Irán, es difícil verificar los datos de fallecidos y detenidos en estos momentos.

«Es fundamental respetar el derecho a la manifestación pacífica, la libertad de expresión y garantizar la comunicación libre de los ciudadanos, incluyendo internet. La suspensión de estas comunicaciones debe cesar inmediatamente», declaró Albares en una entrevista en ‘Catalunya Ràdio’. Además, en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, España exigió el fin de las detenciones arbitrarias y aseguró que la embajada en Teherán continuará operativa para asistir a los españoles en Irán.

Por su parte, Irán convocó el lunes a diplomáticos de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido en Teherán para protestar por el supuesto apoyo de estos países a las manifestaciones, mostrando videos de daños atribuidos a los «alborotadores» y solicitando que retiren sus declaraciones de apoyo a los protestantes, según informó el Ministerio de Exteriores iraní.

Organizaciones como Derechos Humanos de Irán (IHR), con sede en Noruega, han reportado al menos 648 muertos durante la represión, advirtiendo que la cifra real podría ser mucho mayor. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG, afirmó que la comunidad internacional tiene la obligación de proteger a los civiles frente a la violencia del régimen.

En Occidente, las condenas han sido enérgicas. El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció la «violencia de Estado» y expresó su apoyo a quienes exigen respeto por sus derechos. El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó la respuesta iraní como un signo de debilidad y solicitó sanciones contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, mientras que la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, pidió el fin de la represión y advirtió sobre la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos en Irán.

La Unión Europea también estudia la imposición de nuevas sanciones contra Irán por la violenta represión. Las protestas comenzaron tras el colapso del rial y el cierre del bazar de Teherán, en señal de protesta por la situación económica y contra la teocracia. La represión incluyó cortes de internet y telefonía, lo que dificultó la obtención de datos precisos.

Para contrarrestar la narrativa oficial, el gobierno iraní organizó concentraciones en apoyo a la República Islámica, con miles de asistentes en la plaza Enghelab de Teherán. El líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, afirmó que esas manifestaciones eran una advertencia a Estados Unidos, y el parlamento iraní calificó la respuesta del Estado como una «guerra contra los terroristas», prometiendo que el Ejército daría una lección a EE. UU. en caso de agresión.