Ajuste estructural y costo social: el recorte del gasto consolida la “motosierra” con impacto en derechos y desarrollo

Los datos del CEPA muestran que la llamada “motosierra” no es solo un recurso discursivo, sino una estrategia de ajuste profundo que prioriza el equilibrio fiscal a corto plazo, incluso a costa de prestaciones sociales, educación y desarrollo. El interrogante que queda abierto es si este modelo puede sostenerse sin agravar las desigualdades y sin comprometer la capacidad futura del Estado para intervenir en la economía y garantizar derechos básicos.

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirma que el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno no solo se mantiene, sino que se profundiza con efectos estructurales sobre áreas sensibles del Estado.

Durante noviembre, el gasto total del Sector Público Nacional alcanzó los $9,27 billones, lo que representa una caída real interanual del 14,2%. La comparación con noviembre de 2023 es aún más contundente: el recorte llega al 35,2%, mientras que en el acumulado anual la reducción asciende al 28,3%.

Más allá de la magnitud del ajuste, el dato central es su composición. Las prestaciones sociales, uno de los principales amortiguadores frente a la crisis económica, registraron una baja real del 10,6% interanual y del 19,8% respecto de noviembre del año pasado. Las caídas más pronunciadas se observan en asignaciones familiares, pensiones no contributivas y prestaciones del INSSJP, con recortes que superan en algunos casos el 40%. A esto se suma el desplome casi total de partidas agrupadas como “otros programas”, una categoría que suele concentrar políticas focalizadas para sectores vulnerables.

El CEPA advierte que solo en estas últimas partidas el Estado dejó de ejecutar casi un billón de pesos, una cifra que dimensiona el alcance del ajuste más allá de los discursos oficiales sobre eficiencia y orden fiscal. En términos concretos, la reducción del gasto se traduce en menor cobertura y menor capacidad de respuesta frente a una demanda social en aumento.

El caso de las jubilaciones y pensiones contributivas expone una contradicción similar. Aunque en noviembre mostraron subas reales en la comparación interanual, el acumulado del año revela una caída del 6,3% frente a 2023. Esto sugiere que las mejoras puntuales no alcanzan para revertir el deterioro sostenido del poder adquisitivo de los ingresos previsionales.

Uno de los recortes más críticos aparece en el sistema universitario. El gasto destinado a universidades nacionales se desplomó más del 95% en términos reales, una virtual paralización presupuestaria que el informe vincula directamente con la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario. La consecuencia inmediata es el deterioro salarial de docentes y no docentes, pero el impacto de fondo es la desarticulación de una política pública clave para el desarrollo científico y la movilidad social.

El ajuste también golpea con fuerza en subsidios económicos y obra pública. La reducción de casi el 50% en subsidios al transporte, especialmente en el AMBA, redefine el esquema tarifario trasladando costos a los usuarios. En paralelo, la caída de más del 80% en la inversión pública acumulada del año confirma que la obra pública dejó de ser una herramienta de política económica y social, con efectos directos sobre el empleo y la infraestructura.