Un fallo judicial pone en jaque el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos con discapacidad.
Si bien el alcance del fallo es limitado —rige solo para los menores involucrados en la demanda—, el pronunciamiento abre un debate de fondo sobre los límites del Poder Ejecutivo frente a los derechos sociales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
El magistrado sostuvo que la decisión del presidente vulnera compromisos asumidos por la Argentina en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad, dos colectivos especialmente protegidos por normas internacionales de jerarquía constitucional. En los hechos, la resolución obliga a que en este caso puntual se aplique la ley sancionada por el Congreso, dejando en evidencia la tensión entre el discurso oficial del ajuste y las garantías básicas de los sectores más vulnerables.
La reacción del Gobierno, en línea con su narrativa habitual, fue insistir en que los vetos responden a la necesidad de mantener el “equilibrio fiscal” y evitar un “gasto adicional” estimado en 7 billones de pesos para este año y 17 billones en 2026. “No hay plata”, reiteró la Casa Rosada, acusando a la oposición de impulsar proyectos “irresponsables” y “electoralistas” que, según el comunicado, buscan “disfrazar con causas nobles la intención de romper el orden macroeconómico”.
Sin embargo, más allá de la retórica presidencial, el fallo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué significa el equilibrio fiscal cuando lo que está en juego son derechos fundamentales? La sentencia de González Charvay no resuelve la cuestión en términos estructurales, pero marca un antecedente que podría multiplicarse en tribunales de todo el país. Si más familias recurren a la Justicia, el intento de Milei de recortar por decreto y vetos leyes aprobadas por el Congreso podría transformarse en un frente judicial de alto costo político.
En definitiva, el caso revela un dilema central del presente argentino: la tensión entre la aritmética del ajuste y la vigencia de derechos básicos conquistados tras décadas de lucha. Allí donde el Gobierno ve números y déficit, la Justicia recordó que también existen personas, familias y compromisos internacionales que el Estado no puede ignorar.
