Suizo Argentina y la trama de contratos millonarios con PAMI
La empresa acumula contratos por más de $100 mil millones en menos de dos años de gestión de Javier Milei, y su nombre aparece asociado a maniobras de sobreprecios, sobornos y contrataciones exprés con organismos públicos, principalmente con PAMI.
El estallido del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) terminó por exponer un engranaje de relaciones opacas entre el Estado y la industria farmacéutica, con la droguería Suizo Argentina en el centro de la escena.
Los audios que forzaron la salida del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, funcionan como radiografía del mecanismo. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8… lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’”, se escucha en uno de los registros. Lo que se describe allí no es una mera irregularidad administrativa: es un sistema de cartelización con intermediación, presión a proveedores y complicidad política.
La dimensión del problema se agrava al constatar que, pese a las sospechas y a la detención de los titulares de la droguería, las contrataciones con PAMI —dirigido por Esteban Leguizamo— no se detuvieron.
Solo en 2024 la obra social de los jubilados firmó 19 acuerdos con Suizo Argentina, la mayoría bajo la modalidad de compulsa abreviada, un mecanismo que se supone excepcional y que, bajo el argumento de la urgencia, termina consolidando prácticas discrecionales. En 2025 el ritmo no se modificó: van ocho contrataciones más, y la última, por casi $45 millones, se rubricó apenas tres días después de que estallara el caso.
La repetición de estos procesos revela una peligrosa normalización de la emergencia como excusa para la falta de controles. PAMI, en teoría garante de la salud de millones de jubilados, opera como un espacio de concentración de recursos públicos sin auditorías reales ni límites efectivos. La utilización de “órdenes de compra cerradas” o compulsas exprés le permite a un grupo reducido de proveedores capturar contratos millonarios en cuestión de días, sin competencia genuina ni transparencia.
El caso trasciende incluso al PAMI. Fuerzas Armadas, ministerios de Salud, Defensa y Seguridad también firmaron al menos 28 contratos con Suizo Argentina, algunos de ellos bajo los mismos procedimientos acelerados. En paralelo, la Justicia habilitó a ex directores del IOSFA a declarar sobre el manejo de licitaciones y compras urgentes. La posibilidad de que se abra esa compuerta documental es clave: podría dejar al descubierto una red de complicidades estatales mucho más extensa de lo que hoy se reconoce.
El punto neurálgico no es únicamente la corrupción empresarial, sino el rol del Estado como facilitador. El caso Suizo Argentina desnuda el riesgo de que la política de la “urgencia” se convierta en regla, desdibujando todo control institucional. En lugar de garantizar acceso a medicamentos, la lógica de contratación vigente parece garantizar negocios a intermediarios que operan en la sombra del poder político.
Lo ocurrido obliga a una pregunta que excede a un escándalo puntual: ¿cómo se compatibiliza un discurso oficial de austeridad y eficiencia con contratos por cientos de millones de pesos a una empresa sospechada de sobornos?
La respuesta no depende de un solo audio ni de un funcionario caído en desgracia, sino de la estructura misma de las contrataciones públicas. Y lo que se perfila es inquietante: un Estado que, en nombre de la urgencia, terminó siendo rehén —o socio— de los intereses privados que debería regular.
