Según versiones, ya habría contacto entre la CGT y el gobierno por la reforma laboral
Aunque no existe una convocatoria formal, dirigentes de la CGT admitieron que mantienen “conversaciones informales” con el ministro del Interior, Diego Santilli, en un intento por abrir un canal político antes de que el Ejecutivo presente el proyecto definitivo. Para la central obrera, el objetivo es claro: influir en el texto y evitar que la modificación del régimen laboral avance sin contemplar la defensa de los trabajadores.
La reforma laboral que el Gobierno pretende incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso empezó a mover fichas silenciosamente.
En la cúpula cegetista conviven expectativa y cautela. El sector más dialoguista considera “auspicioso” un encuentro con el Gobierno para exponer su mirada y corregir lo que describen como afirmaciones inexactas del discurso oficial, entre ellas la idea de que la mayoría de los convenios colectivos datan de 1975.
Ese punto figura en la lista de aclaraciones que el sindicalismo quiere llevar a una eventual cumbre, junto con la advertencia de que cualquier reforma debe incluir mecanismos que combatan la informalidad sin afectar derechos adquiridos.
Mientras el Gobierno define el temario de las extraordinarias —encabezado por el Presupuesto 2026—, en la Casa Rosada no descartan convocar a la CGT antes de difundir el borrador final de la reforma. La intención, según trascendió, es mostrar apertura para evitar bloqueos legislativos futuros, aunque el Ejecutivo mantendría el control absoluto de la redacción final.
En paralelo, la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, anticipó a los legisladores libertarios que el debate por la reforma laboral se activará en diciembre. El oficialismo busca acelerar los tiempos y asegurar volumen político antes de que la discusión llegue al Congreso.
Sin embargo, las señales de acercamiento no despejan la desconfianza sindical. “No estamos dispuestos a negociar ciegamente”, advirtió el dirigente Cristian Jerónimo, eco de un malestar que se extiende en distintos gremios. Entre los puntos más sensibles figura una propuesta que, según versiones que circulan en ámbitos sindicales, podría imponer obligación de pedir autorización para convocar asambleas, medida que sería leída como un intento de limitar la autonomía gremial.
La CGT se prepara así para un proceso de negociación complejo: intenta posicionarse en la mesa del debate sin perder margen de presión y busca incidir en la letra de una reforma que el Gobierno considera prioritaria. El equilibrio entre diálogo y resistencia marcará la intensidad de una disputa que recién empieza.
