Reprimen a jubilados frente al Congreso en medio del abandono previsional: violencia estatal y parálisis legislativa

Mientras la oposición buscaba debatir mejoras urgentes para los sectores más vulnerables, el oficialismo dejó caer la sesión. Afuera, Gendarmería reprimía a jubilados que solo exigían vivir con dignidad. La represión es la respuesta a una pregunta que el Gobierno no quiere responder: ¿cómo llega un jubilado a fin de mes con $70.000?

En la Argentina actual, la respuesta estatal al reclamo de los sectores más desprotegidos parece resumirse en dos palabras: silencio y represión. Este miércoles, decenas de jubilados que se manifestaban pacíficamente frente al Congreso Nacional fueron reprimidos por fuerzas federales, en una jornada atravesada por la violencia institucional y la inacción parlamentaria.

La movilización coincidía con la sesión especial solicitada por bloques opositores (Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre) con el fin de debatir la actualización de los haberes jubilatorios, la extensión de la moratoria previsional y el aumento del bono previsional, actualmente congelado en $70.000 desde hace meses. Sin embargo, la falta de quorum dejó a miles de adultos mayores una vez más sin respuestas, ni por parte del Poder Legislativo ni del Ejecutivo.

La calle como único recurso

Afuera del Congreso, en las esquinas de Rivadavia y Callao, jubilados y organizaciones sociales realizaban su habitual “semaforazo”, una forma simbólica y pacífica de visibilizar su reclamo. Pero esta vez, la Policía Federal e Infantería bloquearon el paso e iniciaron un operativo de cerco. La represión no tardó en llegar, y con ella, una imagen que se vuelve cada vez más frecuente: adultos mayores huyendo entre gases lacrimógenos, empujones y gritos.

“Están reprimiendo a quienes más deberían proteger”, denunciaron testigos del operativo. El periodista Nicolás Munafó, desde el lugar, relató en vivo para C5N cómo se desplegaban los efectivos: “Están armando un cordón para evitar que puedan manifestarse. No quieren que se los vea”.

De la indiferencia al castigo

El saldo es doblemente grave: por un lado, el sistema político le da la espalda a una población empobrecida; por otro, el aparato represivo responde con violencia ante su desesperación. No se trata solo de una deuda económica, sino también de una ruptura ética: la del contrato social con quienes han trabajado toda su vida y hoy no pueden pagar medicamentos, alquiler o alimentos básicos.

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, lamentó el fracaso de la sesión: “Queríamos prorrogar la moratoria y actualizar el bono, pero el oficialismo no quiso discutir. El bono sigue en $70.000 mientras la inflación sigue destruyendo el poder adquisitivo”.

El Estado ausente, pero armado

Lo que sucedió este miércoles no es un hecho aislado. La semana pasada, otro operativo violento había disuelto una protesta similar, reprimiendo incluso al padre Paco Olveira, reconocido por su labor en villas y barrios populares. La imagen del cura, empujado por efectivos de seguridad mientras sostenía un cartel por los jubilados, recorrió el país y generó repudio en amplios sectores.

La reiteración de estos hechos refuerza una línea política clara del Gobierno de Javier Milei: frente al conflicto social, no hay diálogo ni contención, sino represión. En nombre del ajuste y la reducción del gasto, se castiga a quienes menos tienen mientras se blindan los intereses de sectores concentrados.

Una crisis moral

La represión a los jubilados no es solo una cuestión de orden público. Es, en esencia, una crisis moral de proporciones. ¿Qué clase de sociedad permite que sus mayores, quienes sostuvieron el país durante décadas, deban salir a la calle a reclamar por una jubilación digna? ¿Qué clase de gobierno responde con gases a quienes solo piden lo mínimo para vivir?

La represión de hoy es la expresión más brutal de una política que naturaliza el abandono y criminaliza la protesta. La falta de quorum en el Congreso, la indiferencia ante los haberes congelados y el uso de la fuerza para acallar el descontento revelan una estructura de poder que elige a quién cuidar y a quién castigar.

En un país donde el 70 % de los jubilados cobra la mínima, la represión es el síntoma más doloroso de una política que perdió el rumbo y la humanidad.