Privatización de la nucleoeléctrica Argentina: el Gobierno avanza con la venta del 44% de la empresa estatal estratégica
El Gobierno formalizó el inicio de la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), un mes después de haber sido autorizada. La medida, instrumentada a través de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, establece la venta del 44% del capital accionario mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional.
El Estado retendrá el 51%, y un 5% se destinará a un «programa de propiedad participada» para los trabajadores.La decisión ha generado un intenso debate, especialmente por el enfoque analítico y crítico de los especialistas, quienes cuestionan la justificación y las posibles consecuencias de esta transferencia de activos estratégicos al sector privado.
La principal crítica apunta a la ausencia de una justificación económica o técnica sólida. Según Andrés Kreiner, secretario general de la seccional Buenos Aires de la APCNEAN, NA-SA no genera pérdidas, es una empresa superavitaria y de carácter estratégico. La firma opera las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse), aportando cerca del 7% de la energía eléctrica consumida y fomentando el desarrollo industrial.
Desde esta perspectiva, la privatización no estaría motivada por una necesidad de sanear la empresa, sino por otros objetivos:
Se señala la «desesperada» necesidad del Gobierno de conseguir dólares para mantener un tipo de cambio bajo, calificando la acción de «irresponsablemente electoralista y cortoplacista».Transferencia de un «negocio redondo»: Se argumenta que la venta es, en esencia, la entrega de un sistema exitoso, construido con inversión estatal, al sector privado.
El aspecto más sensible reside en las posibles consecuencias para el desarrollo energético nacional y para el bolsillo de los consumidores:
La transferencia de la ganancia a un inversor privado probablemente resultará en la necesidad de incrementar la tarifa de energía eléctrica para maximizar el rédito del nuevo accionista. Los críticos advierten que «toda esta aventura la vamos a terminar pagando todos».
Riesgo sobre la soberanía tecnológica
Si un inversor privado adquiere el 44% y logra una influencia decisiva en el directorio, podría buscar coartar la capacidad independiente de desarrollo nuclear que la Argentina ha mantenido por décadas. Existe la preocupación de que se decida cambiar la línea tecnológica del país (actualmente basada en uranio natural y agua pesada) en función de intereses corporativos.
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, ha fijado un plazo de un año para finalizar el proceso, con una valuación estimada de las acciones de NA-SA de entre u$s560 millones y u$s1000 millones, poniendo en marcha una de las medidas más controversiales de la reciente Ley Bases.
