La CTA Autónoma acusó al Gobierno de manipular datos laborales para justificar una reforma contra trabajadores
La confrontación entre el Gobierno y el movimiento sindical volvió a escalar. Tras la difusión de un informe del Ministerio de Capital Humano sobre el mercado laboral, la CTA Autónoma respondió con dureza y acusó a la ministra Sandra Pettovello de presentar una “interpretación maniquea y tendenciosa” de la situación del empleo, con el fin de legitimar la reforma laboral que el oficialismo busca aprobar en el Congreso.

El documento oficial señalaba que la falta de generación de puestos formales y el alto nivel de informalidad no responden al tipo de crecimiento económico, sino a la ausencia de una reforma laboral “capaz de acompañar el desarrollo productivo”.
Según el ministerio, la economía creció 5,2% en los últimos meses, mientras el empleo privado lo hizo apenas 0,3%, lo que demostraría —según su lectura— la rigidez del sistema actual.
Desde la CTA Autónoma, en cambio, sostienen que el argumento del Gobierno “traslada al ámbito de las relaciones laborales los problemas estructurales del modelo económico”, omitiendo la caída de la industria y la construcción —dos sectores intensivos en empleo—, golpeados por la recesión, la apreciación del tipo de cambio y la paralización de la obra pública. “El Ejecutivo llama ‘reforma’ a lo que en realidad es una ofensiva para facilitar despidos, debilitar las paritarias y extender la jornada laboral”, denunciaron los dirigentes Hugo “Cachorro” Godoy y Tomás Raffo, autores del comunicado.
La central sindical reconoció que muchos derechos laborales ya no se aplican efectivamente para la mitad de la fuerza de trabajo, pero advirtió que “la salida no puede ser eliminar las protecciones existentes, sino ampliarlas”. En palabras del texto: “Sería una actitud propia de bárbaros tirar al bebé junto con el agua sucia. El agua sucia es la exclusión laboral; el bebé, los derechos que deben resguardarse y fortalecerse”.
Desde una mirada crítica, la CTA subraya que el Gobierno busca instalar la idea de que la flexibilización es condición para el crecimiento, cuando la evidencia muestra lo contrario: la precarización tiende a agravar la informalidad y la desigualdad. “Ignorar el rol del mercado interno, los salarios y las políticas públicas en la generación de empleo es una maniobra cínica que oculta la responsabilidad del modelo económico”, advierte el documento.
El texto concluye con una reflexión más amplia: el avance tecnológico y las nuevas formas de trabajo plantean desafíos reales, pero “ese debate no puede darse a costa de reducir derechos”. Para la CTA, el desafío es construir un nuevo marco laboral que proteja a todos los trabajadores en un contexto de cambio estructural. “En un país que hizo del trabajo el motor de la ciudadanía y la movilidad social, discutir su desprotección no es solo un error económico: es un retroceso civilizatorio.”
