Javier Milei defiende tuit contra un menor de 12 años bajo el paraguas de la libertad de expresión
El mandatario argumentó que el mensaje cuestionado, donde acusó al menor de provenir de “una familia ultrakirchnerista”, está “amparado por la libertad de expresión” y no constituye un acto oficial ni un agravio.
El presidente Javier Milei presentó ante la Justicia su defensa en la causa iniciada por Ian Moche, un niño de 12 años con autismo reconocido por su labor como activista por la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.
La denuncia surgió tras el reposteo que Milei realizó desde su cuenta en X (ex Twitter) a un mensaje de un usuario anónimo que atacaba tanto a Moche como al periodista Paulino Rodrigues. El niño y su familia solicitaron que la publicación fuera eliminada, alegando que vulnera el principio del interés superior del niño y refuerza la hostilidad que recibe en redes sociales.
En su escrito, Milei sostiene que el hecho de que Moche sea menor de edad y activista “no lo exime de ser considerado una personalidad pública”, y que por tanto su imagen y sus acciones son susceptibles de opinión y crítica. Además, calificó el reclamo como parte de “la cultura de la cancelación”, a la que consideró una amenaza global contra la libertad de expresión.
La postura presidencial no se limita a la defensa de un acto personal: también busca marcar un límite frente a lo que el mandatario percibe como censura ideológica. Sin embargo, el caso plantea un dilema jurídico y ético. Por un lado, está el derecho a la libre expresión, incluso para opiniones políticas duras; por otro, la protección reforzada que el Estado debe garantizar a los menores, en especial a quienes pertenecen a colectivos históricamente discriminados.
El trasfondo del conflicto es más amplio. La polémica surgió después de que Moche denunciara públicamente una frase atribuida a Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien habría afirmado que “si había tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar pero no del Estado”. La declaración provocó la indignación de organizaciones y activistas, y el episodio escaló cuando Milei intervino en redes sociales, no para defender la política oficial, sino para cuestionar las motivaciones del niño y del periodista que lo entrevistó.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que representa a Moche, solicitó al tribunal una medida urgente para que el Presidente elimine el tuit y se abstenga de realizar publicaciones similares. La demanda subraya que el impacto de las declaraciones presidenciales no puede equipararse al de un ciudadano común, debido a la investidura y la influencia que conlleva el cargo.
Este caso reabre un debate sensible: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el deber de proteger a los menores de la exposición y el hostigamiento, especialmente cuando la fuente de esa exposición es la máxima autoridad del país? En un clima político polarizado, la respuesta parece ir más allá de lo jurídico y adentrarse en el terreno de la ética pública.
