Imputaron al ministro de Salud por irregularidades en el Hospital Garrahan
En un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y el sistema público de salud, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud, Mario Lugones, por presuntas irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan.
La denuncia fue impulsada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en medio de un contexto crítico: el conflicto salarial entre el personal médico y la administración nacional.
La imputación se centra en maniobras vinculadas a los fondos del hospital pediátrico más emblemático del país. Según informó la periodista Vanesa Petrillo en el programa De Una por C5N, en octubre del año pasado, Lugones desplazó al consejo directivo del Garrahan luego de que este aprobara un bono de 500 mil pesos para los trabajadores.
Esta decisión generó fuertes cuestionamientos, no solo por su abrupto carácter político, sino también por lo que muchos interpretan como una estrategia de disciplinamiento institucional ante los reclamos gremiales.
A partir de esa remoción, Carrió y referentes de su partido presentaron una denuncia que ahora es investigada por Marijuan, quien solicitó una serie de medidas procesales para avanzar en la causa. La investigación pone bajo la lupa no solo la legalidad de las decisiones de Lugones, sino también el uso y posible desvío de recursos públicos en el ámbito hospitalario.
Pero el trasfondo del escándalo excede lo judicial. Según trascendidos citados por Petrillo, el Gobierno nacional —a través de La Libertad Avanza— habría buscado frenar la difusión del bono como forma de evitar un «efecto contagio» en otros hospitales públicos. Esta lógica evidencia una gestión sanitaria orientada más al control político que a la respuesta efectiva a las urgencias del sistema de salud.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que las recientes reformas en el Garrahan han generado «ahorros gracias a la reducción de personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios». Sin embargo, el conflicto salarial persiste y la precarización laboral continúa siendo una constante en los centros de salud estatales.
La imputación a Lugones no solo expone posibles delitos en la administración de fondos públicos, sino que también refleja un modelo de gestión autoritario y de escasa sensibilidad social. En lugar de dialogar con los trabajadores y atender las condiciones estructurales del sistema de salud, el Gobierno parece optar por el enfrentamiento, el recorte y la criminalización del reclamo gremial.
Este caso abre un interrogante profundo sobre las prioridades del Ministerio de Salud y del oficialismo en general. ¿Se está gobernando para sanear las cuentas o para garantizar el acceso digno a la salud pública? ¿La imputación será investigada con independencia o se convertirá en otro capítulo de desgaste político sin consecuencias reales?
En definitiva, lo que ocurre en el Garrahan no es un hecho aislado, sino una expresión crítica del estado actual de la salud pública argentina. Y mientras el personal médico sigue exigiendo condiciones dignas, la política parece más preocupada por las internas que por la salud de la población.
