El negocio del peaje: el Gobierno multiplica las concesiones viales y entrega rutas al sector privado sin garantizar mejoras

En un contexto económico crítico, la multiplicación de peajes se convierte en una forma de ajuste encubierto sobre la ciudadanía, disfrazada de eficiencia de mercado. Lo que se presenta como “racionalización” del gasto público es, en realidad, una transferencia de recursos y poder al sector empresario, sin que el país reciba a cambio ni mejores caminos ni soberanía vial.

El anuncio del Ministerio de Economía sobre la licitación de casi 1.800 kilómetros de rutas nacionales reavivó las críticas contra el plan de privatización vial impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Según la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), la medida no representa una modernización del sistema ni una mejora para los usuarios, sino una cesión del patrimonio público a intereses privados “a cambio de nada”.

El proyecto, encabezado por el ministro Luis Caputo, prevé la creación de cerca de 40 nuevos peajes, elevando el total de 24 a 63 en todo el país. Esto implicaría, según el gremio, un peaje cada 80 o 90 kilómetros, sin rutas alternativas ni obras de infraestructura asociadas. Para los trabajadores viales, se trata de un esquema regresivo que encarece el transporte y restringe el libre tránsito, vulnerando un principio constitucional.

El trasfondo del plan revela una maniobra que, más que descomprimir al Estado, consolida un modelo de negocios para un puñado de empresas favorecidas. Los pliegos licitatorios eliminan la obligación de experiencia previa en el sector y permiten la participación de firmas sin capacidad técnica comprobada, siempre que cuenten con avales bancarios. Además, el propio Estado financiará parte de las obras y garantizará la rentabilidad a través de fideicomisos y créditos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

De este modo, el Gobierno transfiere la gestión vial a operadores privados sin exigir contraprestaciones reales, mientras la Dirección Nacional de Vialidad —paralizada por falta de recursos y con salarios congelados— es desplazada de su función histórica. Fepevina advierte que los concesionarios solo asumirán tareas menores, como bacheo y mantenimiento superficial, sin compromisos de ampliación ni modernización de rutas.

Lejos de un modelo eficiente, el nuevo esquema reproduce viejas prácticas de la “patria contratista”: ganancias garantizadas para los privados y deterioro de los servicios públicos. En la práctica, los usuarios pagarán más por transitar rutas que no mejorarán sustancialmente, mientras el Estado se desprende de un rol estratégico en la infraestructura nacional.