El lado oscuro de Techint: multaron a Paolo Rocca con 180 millones de pesos por «fraude laboral»
La denuncia, presentada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), expuso un esquema de tercerización fraudulenta y contrataciones precarias que busca fragmentar a los trabajadores y reducir costos salariales, evadiendo las responsabilidades y beneficios que corresponden a los empleados efectivos.
La multimillonaria multa de 180 millones de pesos que la provincia de Buenos Aires le aplicó a Siderca, la empresa insignia del Grupo Techint, no es un hecho aislado, sino la confirmación de un patrón sistemático de fraude laboral que parece ser parte de la estrategia del conglomerado de Paolo Rocca.
La decisión de la justicia de confirmar la sanción contra la empresa revela la gravedad de los incumplimientos. Las inspecciones del Ministerio de Trabajo bonaerense en la planta de Campana encontraron a 314 trabajadores tercerizados en condiciones laborales irregulares, sin los beneficios que exige la ley.
Este «modus operandi», que ya ha sido denunciado en otras filiales como Ternium, demuestra una profunda contradicción entre el discurso de Techint como motor de la industria nacional y sus prácticas laborales, que precarizan a sus trabajadores para maximizar sus ganancias.
El caso de Siderca no es solo una cuestión legal, sino un reflejo de una visión empresarial que considera el trabajo como una variable de ajuste, ignorando los derechos y la estabilidad de las personas que hacen posible su producción.
La tercerización, que en teoría debería ser una herramienta para eficientizar procesos, se convierte en un medio para diluir responsabilidades, debilitar la representación sindical y disminuir los derechos laborales.
La sanción impuesta por el gobierno bonaerense es un paso importante para exponer y castigar este tipo de prácticas, que representan una amenaza para la estabilidad del empleo formal y la calidad de vida de los familias trabajadoras.
Sin embargo, la persistencia de estos esquemas en un grupo empresarial de tal magnitud, sugiere que la multa, aunque significativa, podría ser vista como un costo más para mantener un modelo de negocio que se sostiene sobre la precariedad laboral.
