El Ejecutivo amplía gastos en áreas clave y alerta por riesgo en servicios esenciales
La readecuación, aunque presentada como una maniobra necesaria para evitar la paralización de servicios críticos, pone de relieve una dinámica fiscal en la que el Estado ajusta por un lado y compensa por otro. En este contexto, la expansión selectiva del gasto deja expuesto el desafío de sostener políticas sociales, garantizar aumentos salariales mínimos y cumplir con la deuda en un marco de recursos limitados y demandas crecientes.
El Gobierno volvió a modificar el presupuesto nacional mediante el DNU 849/2025, con el objetivo de reforzar partidas destinadas a salarios estatales, programas sociales, prestaciones previsionales y compromisos de deuda.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial, se fundamenta en la emergencia económica vigente hasta diciembre de 2025, declarada inicialmente por el DNU 70/23 y ratificada en la Ley Bases.
El Ejecutivo sostiene que el deterioro económico obliga a una redistribución “razonable” de los recursos para garantizar el funcionamiento del Estado. Sin embargo, la lectura de fondo muestra que el Gobierno se ve forzado a recalibrar sus cuentas en medio de un esquema de ajuste que no logra estabilizar las variables centrales. La advertencia plasmada en la normativa —que sin esta readecuación se verían comprometidos servicios esenciales— revela tensiones entre la política fiscal restrictiva y las necesidades reales de la administración pública.
La reasignación incluye incrementos significativos en gastos de personal, equipamiento, funcionamiento, subsidios, becas y transferencias. También se amplían los créditos destinados al pago de la deuda pública, un punto que confirma la presión que ejerce el servicio financiero sobre las cuentas nacionales. En paralelo, el decreto habilita al Ministerio de Economía a reestructurar o incluso disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino, una señal de reconfiguración de instrumentos estatales para obras de infraestructura energética.
Entre las áreas beneficiadas, Seguridad Nacional recibe más fondos tras incorporar la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos, además de recursos adicionales para la Caja de Retiros de la Policía Federal ante aumentos salariales y fallos judiciales previsionales. Defensa también suma partidas para cubrir incrementos en haberes y cancelación de sentencias.
Salud obtiene refuerzos para sostener programas y financiar hospitales nacionales, además de un incremento destinado a la Agencia Nacional de Discapacidad para cubrir pensiones no contributivas y un subsidio extraordinario asociado a esas prestaciones. Capital Humano amplía las partidas de la Secretaría de Niñez y Adolescencia para reforzar la Prestación Alimentar, mientras Educación recibe más recursos para salarios universitarios, becas PROGRESAR, comedores escolares y el programa de Jornada Extendida.
La Secretaría de Trabajo aumenta fondos para programas de empleo, en tanto ANSES amplía su presupuesto para atender el impacto de la Ley de Movilidad, asignaciones familiares y planes como 1000 Días. Finalmente, PAMI recibe más créditos transferidos por ANSES y un refuerzo para la Prestación Mensual de Oncopediatría.
