Derogaron la resolución de la SRT que creaba «listas negras» de abogados y trabajadores
La Resolución 55/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicada en el Boletín Oficial derogó la Resolución 760/17 del mismo organismo que había generado las más que cuestionadas «listas negras» de abogados laboralistas y trabajadores que iniciaren acciones legales.
Se trata del cierre de una política persecutoria que estaba en línea con la relación que tenía y promovía la gestión de Mauricio Macri con los trabajadores, sus organizaciones sindicales y sus abogados. Lo paradójico fue que quien firma la derogación de la norma es quien la había dictado. Es que Gustavo Dario Moron, el superintendente, es un superviviente del macrismo en la gestión pública.
Ayer la Corriente de abogadas y abogados Laboralistas 7 de Julio celebró la derogación y recordó «que el registro que fuere creado por la mencionada resolución 760/17, tras 3 años de vigencia, no tuvo eficacia atento la medida cautelar interpuesta por La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio que luego contó con innumerables adhesiones de sindicatos y diversas representaciones de la abogacía, dictada por la jueza Laura Cristina Castagnino».
«No deja de extrañar en la resolución 55/2020 la ausencia de mención a la citada medida cautelar. Sorprende, asimismo, que los considerandos de la resolución 55/20 elogian la norma que se deroga, al igual que el régimen creado por la ley 27348 en el gobierno de Mauricio Macri que menoscaba la posibilidad de acceso a la justicia de los trabajadores afectados en su salud, a diferencia del resto de la ciudadanía que tiene un acceso directo», disparan los abogados sobre Moron.
«No podemos dejar de destacar la absoluta contradicción y bipolaridad de elogiar una resolución en el mismo acto de derogarla, generando una grave preocupación sobre la actuación de la autoridad de aplicación en materia de riesgos del trabajo, pese al cambio político habido antagónico al desprecio que caracterizo el periodo 2015 ? 2019», agregan.
Para los abogados, la redacción de la resolución pone en evidencia «una discordancia entre la autoridad de aplicación en materia de riesgos del trabajo con el nuevo proyecto político nacional del actual gobierno».
