Crisis del sector lácteo: la quiebra de La Suipachense deja a 140 empleos en la calle
En localidades pequeñas como Suipacha, la pérdida de una planta emblemática no solo implica desempleo, sino una herida profunda en el entramado social y productivo.
La Justicia Comercial de Mercedes decretó la quiebra de Conosur S.A., controlante de la tradicional láctea La Suipachense, tras tres meses de paralización total de su producción.
El fallo, firmado por el juez Leandro Julio Enríquez, responde al pedido del abogado Julián Coronel, representante histórico del gremio ATILRA y apoderado de Watt’s S.A., una de las principales empresas acreedoras.
Con esta decisión, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, supuesto titular de Conosur y referente del grupo Maralac S.A., quedó desplazado de la conducción de la firma e inhibido para realizar cualquier operación financiera o patrimonial, además de necesitar autorización judicial para salir del país.
Los 140 trabajadores de la planta, que mantenían un acampe frente al establecimiento desde hace semanas, venían denunciando un vaciamiento empresarial y el incumplimiento sistemático del pago de haberes. La fábrica, sin actividad desde hacía tres meses, era el principal motor económico de Suipacha, localidad bonaerense de poco menos de 12 mil habitantes.
El cierre representa un golpe profundo para la comunidad: la planta no solo era el mayor empleador del distrito, sino también el eje de su economía regional. “La fábrica era una fuente de trabajo vital para toda la región”, coincidieron los empleados en las movilizaciones realizadas en Suipacha y en la vecina Chivilcoy.
El expediente judicial revela que Conosur adeudaba cuatro cuotas de un acuerdo homologado, por un total de 293.857 dólares, además de cheques rechazados por más de 8.458 millones de pesos y aportes previsionales y contribuciones patronales impagas por alrededor de 1.000 millones de pesos. La propuesta de reestructuración presentada por la empresa el 4 de noviembre fue rechazada por la Sindicatura y los acreedores, que la consideraron inviable.
El juez ordenó comunicar la quiebra al Banco Central de la República Argentina para impedir cualquier movimiento de fondos de los responsables, así como la entrega inmediata de las llaves y claves digitales del establecimiento. Los acreedores tendrán hasta el 10 de febrero de 2026 para verificar sus créditos, mientras que el informe general sobre el estado de la compañía deberá presentarse el 14 de mayo de ese año.
El caso de La Suipachense se suma al de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), productora de los postres y yogures SanCor, también declarada en quiebra recientemente. Ambas firmas presentan vínculos con grupos empresarios venezolanos asociados a Maralac S.A.
La caída de estas compañías expone la grave situación que atraviesa la industria láctea argentina, afectada por la acumulación de deudas, el incremento de los costos dolarizados, el ingreso de productos importados y una fuerte retracción del consumo interno.
