Casación busca evitar el colapso judicial del caso Cuadernos y convoca al TOF 7 para rediseñar un juicio de dimensiones inéditas
La causa Cuadernos se ha convertido así en un espejo de las debilidades estructurales del sistema judicial argentino: falta de infraestructura, recursos insuficientes y procedimientos anclados en una dinámica del siglo pasado.
La Cámara Federal de Casación Penal dio un paso inusual al convocar al Tribunal Oral Federal N° 7 para coordinar la organización del juicio por la causa Cuadernos, un expediente que ya es considerado el más voluminoso y complejo del sistema penal argentino.
La reunión, prevista para el martes 18 de noviembre, buscará delinear estrategias que permitan sostener un proceso judicial con más de 300 hechos imputados, 87 acusados y unos 400 testigos.
La decisión fue adoptada en el Acuerdo de Superintendencia presidido por el juez Daniel Petrone e integrado por Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky. Según la resolución, el objetivo es “abordar herramientas para garantizar la eficacia, eficiencia y celeridad del juicio”, un reconocimiento explícito de las dificultades logísticas y procesales que enfrenta el TOF 7.
El juicio por los Cuadernos de las coimas no solo representa un desafío judicial sin precedentes por su extensión, sino también por las limitaciones estructurales del sistema. Actualmente, las audiencias se realizan una vez por semana y bajo modalidad mixta presencial-virtual, un esquema que, de mantenerse, podría prolongar el debate por varios años, comprometiendo los principios de celeridad y razonabilidad procesal.
Casación ya había advertido en resoluciones previas que esa frecuencia “limita el dinamismo inherente al debate oral y público”. La Corte Suprema, por su parte, sigue de cerca la evolución del caso, preocupada por el impacto institucional que podría tener un proceso interminable sobre la credibilidad del Poder Judicial.
El Consejo de la Magistratura trabaja contrarreloj para habilitar una nueva sala de audiencias en Comodoro Py, capaz de albergar a más de 200 asistentes por jornada, entre imputados, defensores, querellantes y funcionarios. Sin embargo, fuentes del organismo reconocen que el problema va más allá del espacio físico: “Un proceso de esta magnitud no puede sostenerse con una audiencia semanal ni con recursos humanos limitados”.
Más que un juicio emblemático por corrupción, el expediente amenaza con transformarse en un test de resistencia institucional que pondrá a prueba la capacidad del Poder Judicial para administrar causas de alta complejidad sin sucumbir ante su propio peso burocrático.
