Argentinos detenidos: Cancillería condenó al régimen de Maduro y exige la liberación inmediata
En un nuevo episodio de tensión diplomática, la Cancillería argentina emitió una dura declaración contra el gobierno venezolano, exigiendo la liberación inmediata del gendarme Nahuel Gallo y otros ciudadanos argentinos que fueron detenidos de manera que calificó como «arbitraria e ilegal».
La situación ha escalado a un nivel de firme confrontación retórica, con acusaciones de terrorismo de Estado por parte del Ejecutivo argentino.
A través de un comunicado oficial, el gobierno de Javier Milei condenó lo que describió como un “proceso sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones generalizadas de los derechos humanos” en Venezuela. En un tono inusualmente contundente, el comunicado apunta directamente al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, a quien acusa de liderar “una maquinaria represiva que se apoya en el miedo, el secuestro de inocentes, la desaparición forzada y el hostigamiento sistemático a los entornos familiares de los perseguidos”.
Un conflicto con implicancias regionales
La Cancillería argentina sostiene que estos actos no son aislados, sino que responden a un patrón de represión institucionalizada ejercido desde el poder del Estado venezolano. “Se trata de un patrón de represión que puede ser calificado como terrorismo de Estado, por su carácter sistemático, intimidatorio y arbitrario”, subraya el texto.
La situación se enmarca en un contexto de deterioro generalizado de las libertades en Venezuela, denunciado por múltiples organismos internacionales, entre ellos la ONU y la OEA. Sin embargo, esta es la primera vez que el gobierno argentino eleva el tono con tal contundencia, en línea con la postura más ideológica y confrontativa que ha adoptado Milei en política exterior.
Llamado a la comunidad internacional
El comunicado también exhorta “a todas las naciones democráticas a unir esfuerzos para poner fin a la persecución y a la violencia ejercida desde las instituciones” venezolanas. Además, advierte que Argentina continuará impulsando “todas las acciones necesarias para asegurar que estos crímenes no queden impunes”.
El caso del gendarme Nahuel Gallo y de los otros ciudadanos argentinos detenidos plantea un dilema diplomático complejo. Por un lado, pone a prueba la capacidad de presión internacional de la Argentina. Por otro, expone la fragilidad de los vínculos con los gobiernos alineados con el régimen de Nicolás Maduro, en un momento de fuerte polarización ideológica en América Latina.
Silencio de Caracas
Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido ninguna respuesta oficial a las acusaciones argentinas ni ha dado explicaciones públicas sobre las detenciones. El hermetismo que rodea la situación genera preocupación entre los familiares de los detenidos y mantiene en vilo a los organismos de derechos humanos.
La escalada entre Buenos Aires y Caracas pone nuevamente en evidencia la creciente brecha entre las democracias liberales y los regímenes autoritarios en la región, una grieta que se profundiza con cada nuevo episodio de represión y cada nueva denuncia internacional.
Mientras tanto, el destino de los argentinos detenidos sigue siendo incierto, y su libertad, una urgencia que reclama una acción diplomática efectiva y concertada.
